Air-e: dos años de intervención, seis interventores y una deuda que el país vuelve a pagar

Air-e: dos años de intervención, seis interventores y una deuda que el país vuelve a pagar

En pocas palabras. Air-e es la empresa que lleva la luz a las casas de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Le debe mucha plata a quienes producen esa luz. El Gobierno le pidió al Congreso sacar 1,2 billones de pesos del presupuesto de todos para pagar parte de esa deuda.

Qué pasó. Imagine una tienda de barrio. La tienda le compra el arroz a un mayorista y se lo vende a los vecinos. Pero muchos vecinos se llevan el arroz sin pagar, otros pagan tarde, y a la tienda no la dejan subir el precio. Al final, la tienda le debe al mayorista más de lo que puede pagar.

Eso le pasa a Air-e. La tienda es Air-e. El mayorista son las plantas que producen la energía, sobre todo las térmicas, que queman gas o carbón. Los vecinos son cerca de 1,3 millones de usuarios.

El martes 29 de septiembre, el Ministerio de Hacienda le pidió al Congreso, con urgencia, mover 1,2 billones de pesos del presupuesto para pagarle al mayorista. La plata no le llega a Air-e: va directo a las plantas. De ahí, 750.000 millones saldrían de una partida que era para transporte público y 450.000 millones del Ministerio de Minas. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, dijo que es "la manera como podremos seguir irrigando recursos mientras pasa El Niño". El Niño es la temporada seca: los ríos bajan, las hidroeléctricas producen menos y el país depende más de las térmicas.

Cómo llegamos aquí. Hace dos años, el 11 de septiembre de 2024, el Gobierno tomó el control de Air-e para arreglarla. Eso se llama intervención: la Superintendencia de Servicios Públicos pone a un administrador, el interventor. No salió bien:

• La deuda creció. Era de unos 560.000 millones y hoy es de 3,09 billones, según El Tiempo. Más de cinco veces.
• Se pierde más energía. De cada 100 unidades que entran a la red, antes se perdían casi 27 sin que nadie las pagara; ahora se pierden casi 32. Son conexiones ilegales y fallas de la red.
• Se cobra poco. De cada 100 pesos que Air-e factura, cobra en promedio 76.
• Cambia mucho de jefe. En dos años ha tenido seis interventores, según El Heraldo (otro medio cuenta siete). Uno cada cuatro meses. Ninguno alcanza a arreglar nada.

Lo que casi nadie recuerda. En octubre de 2024, las facturas bajaron entre 25% y 30%: se dejó de cobrar un saldo de alzas que venía aplazado desde la pandemia, la llamada opción tarifaria. Para los usuarios fue un alivio. Pero Air-e siguió debiéndoles lo mismo a las plantas. La plata que no se cobró en la factura no desapareció: alguien la tiene que poner. Además, hospitales, colegios y alcaldías le deben a Air-e cerca de 94.000 millones.

Ya pasó antes. Air-e nació de otra empresa que tuvo el mismo problema: Electricaribe. El Gobierno la intervino en 2016, le prestó cerca de 6,1 billones de pesos y en 2020 la partió en dos: Air-e y Afinia. Cambió el nombre, pero no las reglas. Por eso el problema volvió.

¿Hay salida? Hay ideas que han funcionado en otras partes:

• Medidores prepago. Uno compra la luz por adelantado, como una recarga de celular. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, un estudio con más de 4.000 hogares encontró que el consumo bajó 14% y la empresa salió ganando, porque gastó menos en cobrar. Estudios sobre el programa de EPM en Medellín encontraron algo parecido.
• Legalizar las conexiones. Existe un programa para eso, el Prone. En el Caribe hay unas 281.000 familias conectadas de manera informal. (Fuente única; no verificado.)
• Un administrador que dure años, no meses.

Pero ojo. Nada de esto es mágico. Air-e perdió 150.000 millones del Prone por no presentar unas garantías, y en 2024 había 181 proyectos parados. Y con el prepago, cuando una familia pobre consume menos, a veces no es porque ahorre sino porque no le alcanza. En el calor del Caribe, quedarse sin luz pesa más.