Reconstruir rápido o reconstruir a la vista: el Fondo Milagro pide 2,7 billones

Reconstruir rápido o reconstruir a la vista: el Fondo Milagro pide 2,7 billones

En pocas palabras. El terremoto del 10 de agosto dejó más de 31.000 casas destruidas. Para reconstruir, el Gobierno creó el Fondo Milagro, que contrata con reglas de empresa privada, más rápidas y con menos controles. Ahora le pide al Congreso 2,7 billones de pesos para ese fondo. Colombia ya ha hecho esto antes, y la pregunta de siempre vuelve: cómo ir rápido sin perderle el rastro al dinero.

Qué pasó. Piense en una familia que recoge entre todos para arreglar la casa de la abuela después de un temporal. Un primo maneja el dinero. Si compra donde quiere y no muestra los recibos, puede que sea honrado. Pero nadie lo puede saber. Pedir los recibos no es desconfiar del primo: es lo que permite que los demás sigan poniendo.

Eso, en grande, es lo que se discute hoy. El terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar (Chocó), afectó a unas 284.000 personas en 15 departamentos, según la UNGRD, la entidad nacional que atiende los desastres. Cali y Pereira tuvieron los peores daños. Además de las 31.445 casas destruidas, otras 163.884 quedaron averiadas.

El martes 29 de septiembre, el Ministerio de Hacienda le pidió al Congreso modificar el presupuesto de 2026. Son 3,9 billones: 1,2 para la deuda de Air-e (de la que hablamos el miércoles) y 2,7 para el Fondo Milagro. Ese dinero saldría de impuestos y aranceles que el Gobierno cambió durante la emergencia económica.

¿Cuánto es 2,7 billones? El Gobierno calcula que reconstruir costará más de 30 billones. De cada 100 pesos que se necesitan, esta adición pone unos 9. Las aseguradoras pondrían al menos 10 billones.

Cómo llegamos aquí. El Fondo Milagro nació el 9 de septiembre con el Decreto 1379. Es un patrimonio autónomo: una bolsa de dinero que maneja una fiduciaria pública, es decir, una entidad financiera que administra recursos ajenos. Se rige por derecho privado. En palabras simples: contrata como una empresa, sin las licitaciones de la ley de contratación pública. Lo dirige un consejo de siete votos; cinco son representantes del presidente. El nudo se sostiene así:

• En la emergencia, lo rápido le gana a lo vigilado. La ley de desastres de 2012 ya permite contratar con reglas privadas en una calamidad. Tiene sentido para una carpa o un almuerzo. Se vuelve riesgo cuando se usa durante años para construir casas y puentes.
• Ya se ve en los números. Transparencia por Colombia, una organización que vigila la corrupción, revisó el primer mes. Encontró 402 contratos por 88.400 millones de pesos. De cada 10, 8 fueron contratación directa: la entidad escoge al contratista sin que otros compitan. Nueve de cada 10 los firmaron alcaldías y otras entidades municipales.
• Los contratos no siempre se ven. Cuestión Pública, un medio de investigación, no encontró en el Secop (la página pública donde el Estado debe subir sus contratos) ningún contrato de la UNGRD por el terremoto tres días después del sismo. Un tribunal ya le había ordenado a la UNGRD, en 2024, publicar sus contratos ahí.
• Quien decide no paga el costo. Mostrar obras pronto da réditos políticos. El sobrecosto, si aparece, se descubre años después, cuando ya hay otro gobierno. (Conocimiento general.)

Ya pasó antes. Colombia tiene dos experiencias para comparar. Tras el terremoto de 1999 en el Eje Cafetero, se creó el Forec, también con reglas privadas. Pero repartió la ejecución entre organizaciones sociales con experiencia, con veedurías y cuentas públicas. Según balances de la época, los gastos de administración fueron apenas 5,4 de cada 100 pesos. Tras las lluvias de 2010 y 2011 se creó el Fondo Adaptación, con un diseño parecido. Años después, la Contraloría encontró 103 obras en riesgo de quedar sin terminar, muchas de vivienda.

Afuera pasa lo mismo. Un estudio de 2014 comparó dos terremotos en Italia, el de 1976 y el de 1980. Las dos regiones recibieron ayuda. Donde las instituciones eran fuertes, la economía terminó mejor que antes. Donde eran débiles, la ayuda alimentó la corrupción y la economía quedó peor.

¿Hay salida? Hay tres cosas que han funcionado:

• Auditar de verdad. En Indonesia, un experimento con más de 600 obras de carreteras anunció a unas aldeas que serían auditadas casi con seguridad. Ahí el dinero que se perdía bajó 8 puntos. En Brasil, los municipios escogidos al azar para una auditoría tuvieron después menos corrupción.
• Todo contrato, en público y a tiempo. Transparencia por Colombia pide que cada contrato del Fondo Milagro vaya al Secop con un código único, para seguir cada peso de punta a punta.
• Ejecutores con experiencia y cerca de la gente, como en el Forec.

El decreto del Fondo Milagro ya promete una auditoría internacional, escogida por convocatoria pública, además del control de la Contraloría.

Pero ojo. Los controles también cuestan. Cada trámite de más puede significar una familia más tiempo en arriendo prestado. En Providencia, tras el huracán Iota de 2020, el Gobierno prometió reconstruir en 100 días. A los 100 días no había empezado ninguna de las 1.134 casas nuevas. Y en el experimento de Indonesia, pedirles a los vecinos que vigilaran sirvió poco: lo que funcionó fue el auditor. Mirar no basta si nadie revisa.