Consulta previa: nadie sabe cuántas hay abiertas, y el Gobierno quiere destrabarlas en 90 días

Consulta previa: nadie sabe cuántas hay abiertas, y el Gobierno quiere destrabarlas en 90 días

En pocas palabras. Antes de una carretera, una mina o una línea de energía en territorio de comunidades étnicas, el Estado debe consultarlas. Es un derecho. Pero miles de consultas siguen abiertas por años, y el Gobierno ni siquiera sabe cuántas hay. Ahora promete destrabarlas sin pasar por encima del derecho.

Qué pasó. Imagine una notaría donde los expedientes se apilan en el piso, sin número ni responsable. Nadie dice que no; los trámites simplemente no terminan.

El 5 y 6 de octubre, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció un plan para la consulta previa: el diálogo obligatorio con pueblos indígenas, comunidades negras, raizales, palenqueras y el pueblo Rom antes de decidir algo que los afecte directamente. Las cifras del debate, según El Colombiano:

• Desde 2011 se han hecho más de 13.000 consultas; unas 1.350 en 2026.
• En los últimos cuatro años, solo 16 de cada 100 llegaron a firmar acuerdos. Unas 77 de cada 100 siguen abiertas.
• De las abiertas, 31 de cada 100 llevan más de cuatro años sin decisión.
• Según el ministro, hoy nadie sabe con certeza cuántas consultas están en curso: la oficina no tiene un sistema que las cuente.

El plan: en 30 días, digitalizar todos los expedientes y hacer un inventario por sector, etapa y antigüedad; en 60, tableros de control con un responsable y una fecha para cada caso; en 90, una reducción "sustancial" del represamiento. Además, una directiva presidencial y un proyecto de ley. El punto más discutido: quitar o limitar el "test de proporcionalidad", el paso que se usa cuando la comunidad y el Estado no llegan a un acuerdo. El ministro ha dicho "eliminarlo" y también "limitarlo".

Un ejemplo de lo que cuesta la espera: Colectora, la línea de 475 kilómetros que llevaría la energía de los parques eólicos de La Guajira, pasó de 235 consultas previstas a más de 250. Iba a operar en agosto de 2026; ahora apunta a abril de 2027.

Cómo llegamos aquí.

• Un derecho sin ley propia. Colombia firmó en 1991 el Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar. (Conocimiento general.) Pero el Congreso nunca expidió la ley estatutaria, la ley especial que exige la Constitución para regular un derecho fundamental. En 2018, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-123, les pidió al Gobierno y al Congreso regular la materia y crear una entidad independiente.
• Lo que no se cuenta, no se cierra. Sin inventario, ningún funcionario responde por un expediente viejo.
• Cada quien paga una parte. La empresa paga la demora, la comunidad espera sin respuesta y el usuario, la energía que no llega. Nadie carga el costo completo.

Ya pasó antes. Los gobiernos han intentado ordenar la consulta por directivas, que son instrucciones del presidente a sus entidades: en 2010, 2013 y 2020. En agosto de 2023, el Consejo de Estado anuló partes de la de 2013, por una demanda del pueblo kankuamo. Dijo que una directiva no puede regular un derecho fundamental, que eso exige ley estatutaria, y que el presidente no consultó a los pueblos antes de expedirla. En 2021, organizaciones indígenas rechazaron otro proyecto de ley para reglamentarla.

¿Hay salida? Perú tiene una ley de consulta desde 2011. Su reglamento fija un plazo máximo de 120 días desde que se entrega la propuesta hasta que se firma el acta. Según la prensa minera peruana, allá los procesos toman entre cuatro y seis meses; en Colombia, algunos llegan a diez años.

Pero ojo. Rápido no es lo mismo que bien hecho. Un estudio de 2016, de Riccarda Flemmer y Almut Schilling-Vacaflor, revisó las primeras consultas en el petróleo y el gas de Bolivia y Perú: la participación real fue limitada, por la diferencia de poder y porque las comunidades no sentían el proceso como propio. Y en Colombia, un estudio de 2020 de Maiah Jaskoski, sobre cinco conflictos mineros y petroleros, encontró que las comunidades movilizadas no usaron las reuniones: se negaron a ser consultadas o reclamaron por quedar por fuera. Cerrar el expediente no cierra el conflicto; puede mandarlo a los juzgados.