Imaginemos: que todo niño de colegio público lea al terminar segundo

Imaginemos: que todo niño de colegio público lea al terminar segundo

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En pocas palabras. La distancia entre colegios privados y públicos se ve en el examen de once, pero se abre en primero y segundo, cuando un niño aprende a leer o no. Ceará, uno de los estados más pobres de Brasil, la achicó midiendo cada año la lectura de segundo y atando dinero a lo que aprenden los niños. Hoy Otra lectura imagina cómo sería aquí: un ejercicio para pensar, no una receta.

Lo que ya habíamos contado. El 29 de octubre contamos que, en el Saber 11, la distancia entre colegios privados y públicos pasó de 30 a 36 puntos en doce años (ver esa edición). Hoy proponemos cerrarla desde abajo.

El problema en una línea. En el Saber 11, los colegios privados sacan 36 puntos más que los públicos, donde estudian 80 de cada 100 niños. Esa distancia no nace en once: el Icfes ya la encuentra en las pruebas de tercero, quinto y noveno.

¿Por qué pensarlo a 50 años? Los niños que hoy entran a primero trabajarán hasta pasado 2070. Según un estudio de 2012 de Eric Hanushek y Ludger Woessmann, el crecimiento lento de América Latina se explica más por lo poco que se aprende que por los años de escuela. Y en Estados Unidos, quien no lee bien en tercero tiene unas cuatro veces más riesgo de no terminar el bachillerato.

Qué ya se probó. En el año 2000, el alcalde de Sobral, una ciudad del estado de Ceará, recibió una cifra que pocos alcaldes quieren mostrar: solo 48 de cada 100 niños de segundo leían como debían. En vez de esconderla, la repitió en discursos, en la radio y en televisión. En 2004 eran 92.

Ceará copió la idea en 2007: mide cada año a todos los niños y reparte entre sus municipios 18 de cada 100 reales de una bolsa de impuestos según lo que aprenden. Un estudio del Banco Mundial de 2021, que comparó escuelas a lado y lado de la frontera del estado, encontró mejores puntajes, el doble donde el estado además asesoró a los municipios.

La lección: al principio ganaban más los mejores alumnos; la brecha solo bajó cuando la fórmula empezó a castigar a los municipios con más niños rezagados.

Brasil lo volvió regla nacional. Una reforma constitucional de 2020 obliga a repartir al menos 10 de cada 100 reales de esa bolsa según la mejora en aprendizaje y equidad.

En Kenia, un ensayo con grupos al azar en 847 escuelas (2018) mostró que funcionaba el paquete completo: guía de clase para el maestro, un libro por niño y visitas de acompañamiento. Hoy es el programa nacional.

Colombia también probó. Entre 2015 y 2018 premió con dinero a los docentes de colegios que cumplían su meta en un índice de calidad; un estudio de 2019 no encontró que mejoraran más que los demás. Y Todos a Aprender, el programa de tutores para maestros, tiene evaluaciones mixtas: depende de qué tan bien se aplique.

La propuesta. La de Otra lectura es un pacto de diez años con cuatro reglas:

1. Medir a todos, cada año. El Icfes aplica a todos los niños de segundo de colegios públicos una prueba corta de lectura y cuentas, y publica el resultado de cada sede. Es un termómetro, no una lista negra de maestros.
2. Darle al maestro la clase armada. Cada maestro de primero y segundo recibe una guía clase por clase, un libro por niño y un acompañante que lo visita, empezando por las sedes más rezagadas.
3. Que el dinero siga a los rezagados. El componente de calidad del dinero que la Nación gira a las regiones para educación (unos 825.000 millones de pesos en 2026) pasaría a repartirse según cuánto suben, en segundo, los niños que iban más atrás. Quien no mejora no pierde nómina ni comida escolar: recibe asesoría obligatoria.
4. Que dure más que un gobierno. La meta va en una ley: 80 de cada 100 niños de colegios públicos leyendo como se espera al terminar segundo en 2036. La prueba la hace el Icfes, con datos abiertos.

Hoy ese componente mira, entre otras cosas, el Saber 11, el examen del último grado: como evaluar una cosecha por lo que quedó en la bodega.

Cuánto costaría y de dónde sale. Hay unos 1,2 millones de niños en primero y segundo de colegios públicos (estimación nuestra con datos del DANE).

En Kenia, el paquete costó unos 8 dólares por niño. Si aquí costara de cinco a diez veces más, por salarios y distancias, serían entre 150.000 y 350.000 millones de pesos al año, con la prueba (estimación nuestra, orden de magnitud).

Es menos de 1 de cada 100 pesos de los 49,6 billones que la Nación gira este año a las regiones para educación. La bolsa del premio no es dinero nuevo: es la que ya existe, con otra regla. El resto saldría del aumento de esas transferencias aprobado en 2024, que llegarán a 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación en doce años, cuando exista la ley de competencias.

Qué podría salir mal.

• La trampa del examen. Si hay dinero en juego, hay presión para inflar resultados o enseñar solo para la prueba. Por eso la aplicaría el Icfes, no el colegio.
• El mejor argumento en contra. Fecode, el sindicato de maestros, ha dicho que premiar resultados beneficia a quienes ya van mejor, discrimina a los más pobres y convierte la escuela en entrenamiento para pruebas. El experimento colombiano de 2015 le da argumentos.
• La autonomía. Gobernadores y alcaldes quieren el dinero nuevo sin amarres, y en el Congreso ya preguntan si alcanza para pagarlo.
• El reloj político. Los niños de siete años no votan. Su mejora se vería en el Saber 11 diez años después, cuando el gobernante que hizo el esfuerzo ya no esté para cobrarla.